PROPUESTAS AL NUEVO GOBIERNO

Ahora que tenemos un nuevo gobierno donde se intuye mejoras en el delicado ámbito de la tributación, hemos creído  oportuno recabar la opinión de una persona autorizada en el tema , como lo es Alberto Regalado Reyes, reconocido auditor vinculado desde hace varios años a importantes entidades relacionadas con la fiscalidad y afines que, en primer lugar, nos comenta que “existe un clamor no sólo en el mundo empresarial, en su ámbito profesional, sino incluso en la ciudadanía,  en general,  por las carencias del sistema impositivo. Un sistema tributario excesivamente complejo, poco estable, confuso e inseguro jurídicamente, y excesivamente sancionador, que genera gran conflictividad”.

Y sigue analizando Alberto Regalado, licenciado en Administración y Dirección de Empresas que “el principio de seguridad jurídica está garantizado constitucionalmente. Sin embargo, en la práctica en un contexto de continuas modificaciones legales, los diferentes operadores realizan interpretaciones, pero siempre estarán sujetas a los criterios de los tribunales. El sistema reserva la última interpretación al Tribunal Supremo, y considerando el retraso en la administración de justicia, hace que la fijación de criterios tarde más de 10 años en producirse. Los contribuyentes no cuentan con un criterio a priori que garantice su tranquilidad. La falta de seguridad jurídica tiene efectos muy graves internos, e internacionalmente supone una pérdida de competitividad, y siempre será un obstáculo a la inversión. Áreas de especial inseguridad jurídica son: las operaciones vinculadas (especialmente la remuneración de los administradores), la aplicación de incentivos fiscales (muy grave en Canarias), deducibilidad de gastos y valoración de inmuebles”.

Añade Alberto Regalado, destacado miembro del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Tenerife (Cotime) que “en su práctica diaria, y en demasiadas ocasiones, la administración tributaria utiliza en sus revisiones criterios muy criticables, circunstancia que se ha agravado durante la crisis. Antaño los asesores buscaban fórmulas para evitar el pago de impuestos. En la actualidad, nuestra labor es encontrar puertos seguros contra una Administración que implementa criterios con mero afán recaudatorio, olvidando su deber de sostener un criterio objetivo.”

En opinión del técnico consultado “aportaría seguridad jurídica y sencillez, que los efectos de las “consultas vinculantes” se reforzaran. Se podría extender el blindaje actual ante sanciones, también ante la deuda tributaria que se pudiera generar. Dichas interpretaciones administrativas, no deberían estar sujetas a revisión por otros organismos administrativos. De verse afectadas por la jurisprudencia, no debería ser con efectos retroactivos, como lo es en la actualidad; sino a partir de la resolución judicial.

E incide en que “ha empeorado el trato al ciudadano. Considera que existe en la práctica administrativa, una presunción de la mala fe del contribuyente. En su opinión, la administración debería tratar al ciudadano con sumo respeto, y no prejuzgar su actuación desde el primer momento”

Y sigue matizando que “la lucha contra el fraude de las administraciones públicas se centra en la revisión de las declaraciones de los contribuyentes, dejando al margen bolsas de fraude de actividad económica no declarada, muy significativas”

Y en sus últimas consideraciones Alberto Regalado expone que “existe una excesiva tendencia a sancionar. La norma exige que exista culpa para poder sancionar. La administración sanciona la gran mayoría de las revisiones, casi de forma automática con fórmulas de “copia y pega”. Esto es un criterio inasumible, teniendo en cuenta la complejidad de la norma, el ciudadano de a pie y el pequeño empresario, no son expertos en fiscalidad, y tampoco deberían tener que costearse un experto. Debería existir espacio para el error, no sancionable”

Y finaliza el técnico en la matera que “estos son algunos de los aspectos a mejorar del sistema tributario, que es fundamental por garantizar los ingresos del Estado, y por el impacto que el sistema tributario tiene en el ciudadano”.

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Miembro de: Economistas - Consejo General     Empresa colaboradora con convenio: Canarlab

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