COMENTARIOS SOBRE DOS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL (TEAR)

Ángel Hernández Hernández, abogado y experto contable-judicial, atendiendo la solicitud formulada por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Tenerife (Cotime), que preside Francisco Purriños Carrasco, pasa a comentar, dado el evidente interés de la materia, dos sentencias del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias (TEAR) (Sala S/C de Tenerife) de diciembre de 2016, relativas a la Zona Especial Canaria (ZEC) las cuales, de mantenerse el mismo criterio en casos futuros, acarrearía grandes ventajas y satisfacciones para nuestro archipiélago, al proteger a las empresas ZEC -cuyo capital es mayormente extranjero- del “afán recaudatorio desmesurado” de la Inspección de los Tributos.

La cuestión objeto de debate en sede del TEAR se centró en la procedencia de la regularización practicada por parte de la Inspección tributaria a una entidad ZEC sobre la base del supuesto incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 31 de la Ley 19/1994.

El técnico consultado, igualmente diplomado en Ciencias Empresariales y destacado colegiado del Cotime tinerfeño  añade que “los pronunciamientos del TEAR fueron los siguientes: el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para ostentar la condición de entidad ZEC y, con ello, aplicar los incentivos fiscales específicos de dicho régimen (entre otros, un tipo de gravamen reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades), viene verificado con carácter previo a la inscripción de la entidad en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ROEZEC) por el órgano competente al efecto, de modo que no cabe acudir a meros indicios de incumplimiento por parte de la Administración para sustentar la regularización tributaria. Así el Tribunal manifiesta que “en resumen, es la Inspección la que debe probar que los requisitos que formalmente aparecen cumplidos por la entidad no responden a la realidad, y no al revés, como señala el acuerdo de liquidación”.

En cuanto a la obligación de que la actividad de la entidad mercantil se realice dentro del ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria, Ángel Hernández Hernández, también miembro de la Asociación  Española de Asesores Fiscales (AEDAF), analiza que “no se considera procedente, en buena lógica jurídico-tributaria, la extrapolación que se hace por la Inspección de las normas que regulan el instituto de la Reserva para Inversiones en Canarias, para con ello exigir más condiciones o requisitos que los que se contemplan en los preceptos que regulan específicamente la Zona Especial Canaria. (En este caso se trataba de una prestación de servicios a particulares sitos en Alemania la cual era facturada a una empresa alemana, siendo los titulares reales de la empresa ZEC y de la sociedad alemana, las mismas personas físicas sitas en Alemania)”.

En otro apartado de esta importante materia, Ángel Hernández reitera que  “de gran trascendencia resulta el pronunciamiento del TEAR respecto de la interpretación administrativa referida al cumplimiento del requisito de inversión por parte de la entidad ZEC dentro de los primeros años desde su autorización puesto que, a la vista del expediente administrativo, la Inspección pretende una vez más emplear las normas y los criterios interpretativos relativos al régimen de la Reserva para Inversiones en Canarias invirtiendo la carga de la prueba al exigir, so pretexto de la existencia de una operación vinculada. Más concretamente, respecto de las actividades consistentes en la prestación de servicios, el TEAR le recuerda a la Inspección que los medios humanos y materiales han de estar situados o adscritos a la entidad ZEC, es decir, que no siempre tienen que estar ubicados físicamente en Canarias (en este caso se trataba de un software propiedad de la empresa ZEC y que era utilizado, con carácter exclusivo para la actividad económica autorizada, por su personal sito en Canarias. Dicho software se hallaba ubicado en un servidor sito en Alemania, propiedad de una empresa de hosting)”.

Por último y en cuanto al cumplimiento del requisito de creación y mantenimiento del empleo, el experto explica que “la Inspección emplea la Consulta de la Dirección General de Tributos V1749/2012 de 10 de septiembre de 2012 con el fin de negar la condición de persona empleada a efectos de cómputo a los trabajadores autónomos como los administradores. En este sentido el Tribunal manifiesta que dicha consulta refiere exclusivamente al caso en que la persona a que se refiere preste servicios en exclusiva con la entidad, y además es muy posterior al ejercicio objeto de análisis (esto es, 2008) por lo que no puede ser aplicada. Y finalmente, en cuanto al contenido vinculante de la Memoria de la entidad ZEC, el Tribunal niega validez alguna a las manifestaciones de la Inspección que se basan en meros juicios de valor y una declaración genérica de principios supuestamente incumplidos, haciendo referencia una vez más si cabe, a la incorrecta valoración de las pruebas y documentos por parte de la Inspección, en una interpretación absolutamente sesgada, forzada y contraria a la norma tributaria de aplicación”.

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Miembro de: Economistas - Consejo General     Empresa colaboradora con convenio: Canarlab

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