ASESORÍA EXTERNA

Con la publicación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE de 4 de septiembre de 2018, y más concretamente, a raíz de lo establecido en el Artículo segundo, dos, de Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo incluido en el TITULO II, han corrido ríos de tinta en torno a la consideración de la expresión “asesoría externa”.

Sobre este actualísimo tema, Miguel Ángel Álvarez Díaz, asesor fiscal, colegiado del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife (COTIME), nos informa que, con el tenor literal de esta norma, se podría pensar que cualquier profesional liberal que preste servicios de asesoría a una sociedad estaría obligado a cumplirla. Los primeros profesionales en los que se podría pensar son los asesores fiscales, contables, jurídicos, laborales, financieros, pero también hay otro grupo de asesores que, a priori, podría incluirse: asesores informáticos, de marketing, de formación, de coaching, etc.

Y sobre esta interesante discusión añade que del contexto normativo se puede deducir que esas palabras de profesionales de “asesoría externa” se deben vincular al ámbito de la dirección de la sociedad, de las personas que toman decisiones y tienen el control efectivo de la entidad, no del entorno operativo del día a día empresarial.

En opinión del colegiado, esta diferencia no es baladí, ya que la norma establece, como novedad, la obligación de registro de estos prestadores de servicios en el Registro Mercantil.

Otro asunto a tener en cuenta será la manera en la que los Registros Mercantiles van a regular esta obligación de registro para unos sujetos (los profesionales), que actualmente no tienen cabida en dicho registro, habilitado exclusivamente para sociedades con personalidad jurídica y empresarios.

Y para concluir, Miguel Ángel Álvarez Díaz, destacado miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, nos recuerda, que actualmente, según la interpretación de responsables del Ministerio de Justicia y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera no se le aplica a los profesionales citados anteriormente, asesores fiscales, contables o abogados sino que solamente será de aplicación para los profesionales (del cualquier ámbito) que asesoren a las sociedades en la constitución o las domicilien en sus despachos. Pero claro, esto es una interpretación, no consta en ninguna norma o jurisprudencia y como siempre estaremos a lo que dispongan los tribunales.

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Miembro de: Economistas - Consejo General     Empresa colaboradora con convenio: Canarlab

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